Los problemas de falta de liquidez y de recursos a los que debe hacer frente el Gobierno de Cataluña son provocados, en gran medida, por el ahogo económico al que el Gobierno del Estado español le somete. En este sentido, y en materia de políticas sociales, la aportación del Estado a Catalunya se ha reducido en un 92% en los últimos tres años. En cifras, de los 72,8 millones de euros percibidos en 2011, la Generalitat pasará a percibir 5,8 millones en 2013 (según los presupuestos generales del Estado).
Esta drástica reducción de la aportación estatal a las políticas sociales afecta a todos los programas sociales del Departamento de Bienestar Social y Familia:
• El Plan concertado de servicios sociales básicos, que consiste en el mantenimiento de una red de servicios sociales de atención primaria, gestionada por las corporaciones locales, ha disminuido un 68,31%, ya que ha pasado de los 12.293.386 € en 2011 a 3.896.106 € en 2013.
• El proyecto de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del Pueblo Gitano ha sufrido una reducción del 61,48%, pasando de recibir 99.629 € en 2011 a 38.374 € en 2013.
• El plan de dependencia - nivel acordado- se ha reducido en un 100% y no recibe ninguna aportación desde el 2011.
• El fondo de acogida e integración y refuerzo de inmigrantes se ha reducido en un 100% y no recibe ninguna aportación desde el 2011.
• El Programa y prestación de servicios que garantizan el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género se ha reducido un 19,88%, pasando de recibir 632.408 € en 2011 a 506.676 € en 2013.
Todo ello se traduce en una reducción del 92% de la aportación del Estado al Gobierno de la Generalitat para llevar a cabo políticas sociales, hecho que le obliga a hacer un esfuerzo cada vez mayor para poder garantizar la atención a las personas vulnerables que viven en Catalunya.
Con todo ello, el Gobierno español ahoga a los ciudadanos de Cataluña en la guerra sucia y silenciosa que está llevando a cabo contra el proceso democrático que el pueblo catalán ha puesto en marcha para recuperar su soberanía. Cabe recordar, que además de estos datos, el Gobierno español debe a la Generalitat de Cataluña 8.000 millones de euros que no paga.
